Un grupo de productores de leche de Guatavita, en Cundinamarca, se propuso certificar sus predios como libres en Buenas Prácticas Ganaderas, BPG, y solicitó el acompañamiento del ICA, entidad que abandonó la asistencia al proceso que le demandó más de $17 millones de inversión a los hoy afectados.
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