Columna del Presidente
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José Félix Lafaurie Rivera, ha realizado investigaciones sobre aspectos sociales y económicos publicadas en medios de comunicación prestigiosos de cobertura nacional e internacional y que han sido objeto de modificaciones en las políticas económicas y sociales del país. |
…entre más chapalea, más se hunde”. Un dicho muy ganadero para ilustrar el lío fiscal en que se metió el Gobierno; lío que todos ven y advierten, pero que el gobierno desestima por una interpretación ideologizada de la realidad. Cuando se cree que todo es culpa de la “codicia capitalista”, las soluciones son peores que la enfermedad.
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Esa sesión de dimes y diretes a dos importantes medios se produjo terminada la reunión y tras las declaraciones del presidente del Consejo Gremial Nacional, Camilo Sánchez, y de la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, quienes, curiosamente, dijeron todo lo contrario.
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Los indígenas, apenas el 4,4% de la población (censo 2018), son los mayores propietarios de tierra (39 millones de hectáreas), pero la “recuperación” basada en “derechos ancestrales” sigue siendo su bandera y la ampliación de sus resguardos la principal demanda de los que cometieron desmanes y hoy enfrentan al Gobierno en Bogotá.
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El último capítulo de ese novelón, que podría terminar en tragedia como en Venezuela, inició el 11 de marzo, cuando un grupo mayoritario de parlamentarios -así es en democracia- firmó la proposición de archivo de la Reforma Laboral.
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¿Qué pasó? En principio, cabe recordar que la formación catastral o avalúo inicial de un predio y su actualización son responsabilidad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, directamente o por delegación en agentes catastrales; en tanto que el predial, que se liquida a partir de ese avalúo, es un impuesto municipal, con la prerrogativa, en cabeza de los respectivos concejos, de fijar la tarifa entre el 1 y el 16 por mil del avalúo para predios de estratos 1, 2 y 3 con valor inferior a 135 SMLV, y del 5 al 16 por mil para avalúos superiores.
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Hablar del poder regulador del libre mercado es sacrilegio para la izquierda, como hablar de economía centralizada por el gobierno es sacrilegio para quienes defendemos la libertad de emprendimiento dentro de unas normas compartidas.
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En una reciente mesa de expertos, la ministra invitaba a “una apuesta conjunta y redistributiva de la tierra”, porque el Gobierno necesita tierras para distribuir y el Acuerdo con Fedegán para compra directa está quedando atrás por falta de recursos.
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La semana anterior me referí a la importancia de nuestra ganadería y a sus compromisos a partir de convicciones compartidas, que dan paso a las metas, de las que hoy trataré, entendidas como elementos de planeación que orientan la acción y el logro para 2025.
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