…entre más chapalea, más se hunde”. Un dicho muy ganadero para ilustrar el lío fiscal en que se metió el Gobierno; lío que todos ven y advierten, pero que el gobierno desestima por una interpretación ideologizada de la realidad. Cuando se cree que todo es culpa de la “codicia capitalista”, las soluciones son peores que la enfermedad.

 

Desde 2023, la Contraloría General de la República ha advertido sobre la desfasada estimación de ingresos y gastos en el presupuesto, sobre la viabilidad de las metas de recaudo y su comportamiento efectivo.

 

Este mes, en la Comisión Legal de Cuentas del Congreso, el contralor Carlos Hernán Rodríguez señaló que “la situación económica y fiscal es compleja”. La ejecución presupuestal en 2024 fue la menor en diez años, con lo cual crecen las reservas presupuestales, que son compromisos contraídos en una vigencia y pagados en otra, afectando la caja de la última. Entre 2022 y 2024 pasaron de 31,7 a 67,1 billones. El recaudo tributario fue el más bajo en seis años y, finalmente, la deuda del Gobierno Central llegó al 57% del PIB.

 

Esta semana, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, fue también ácido en sus advertencias de incumplimiento de esta línea roja por una combinación de factores: Crecimiento del déficit fiscal primario -sin intereses-; caída de ingresos tributarios; aumento del gasto del Gobierno Central; caída histórica de los depósitos en el Banco de la República; costos de financiamiento crecientes y, como resultado, el aumento acelerado del riesgo país.

 

¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno? Tratar de meterle la mano al bolsillo a las personas y a los sectores económicos. Sin contar con los intentos de emergencia económica hasta por los brotes localizados de fiebre amarilla, la estrategia inició en 2022 con la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, y el reajuste de la retención en la fuente en 2023, que los expertos señalan como unas de las causas del hueco fiscal de 2024, que el Gobierno intentó tapar con una segunda reforma tributaria disfrazada de “Ley de Financiamiento”, hundida en el Congreso, con lo cual el presupuesto de 2025 quedó desfinanciado en los famosos 12 billones, que algunos analistas estiman hasta en 28 billones.

 

Llegamos a 2025 y el Gobierno, en un acto de desesperación y -dicen- de necesidad de velado financiamiento electoral con miras a 2026, lanza un aventado proyecto de decreto que aumenta tarifas de autorretención y bases de retención para ¡400 actividades económicas!

 

¿Qué les pasa a los sectores afectados? Es como si el banco les exigiera, de un día para otro, aumentar el valor de la cuota mensual de su préstamo…, porque sí, y en algunos casos en más del 100%, para lo cual dejarán de invertir, de contratar y hasta deberán endeudarse para anticipar un impuesto que no estaba en sus cuentas.

 

¿Qué le pasa al Gobierno? Soluciona su crisis temporal de liquidez, pero en 2026 abre un hueco mayor, porque no recibe la platica que le adelantaron y deberá reintegrar un volumen mayor de saldos a favor, con lo cual se le va a descuadrar el presupuesto, que es “de caja”, es decir, de ingresos efectivos.

 

¿Qué vendrá después? ¿Otra reforma tributaria disfrazada, una emergencia económica por cualquier cosa o acaso una consulta popular ampliada? La solución ya la plantearon la Contraloría, el CARF, el Consejo Gremial Nacional, la Academia, expertos y exministros: ¡RECORTAR EL GASTO!

 

Pero un gobierno que ve la realidad distorsionada tampoco escucha los consejos de la “codicia capitalista”. El riesgo no es que se hunda la vaca en el pantano, sino que arrastre al país.

 

@jflafaurie