Columna del Presidente
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José Félix Lafaurie Rivera, ha realizado investigaciones sobre aspectos sociales y económicos publicadas en medios de comunicación prestigiosos de cobertura nacional e internacional y que han sido objeto de modificaciones en las políticas económicas y sociales del país. |
Qué indolente la sociedad que lo permitió y en la que, por ingenuidad o por interesada perversidad política, muchos todavía defienden las monstruosidades escondidas en el Acuerdo con las Farc, concebido en una traición premiada con Nobel, nacido en un asalto a la democracia y apadrinado por una clase política que arrendó su conciencia a cambio de una porción de mermelada, el plato de lentejas del siglo XXI en Colombia.
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No va bien nuestra relativa autosuficiencia energética, ni la salud de los colombianos, un sistema que era necesario mejorar, sobre todo en la Colombia rural, pero no destruir con pretensiones adánicas.
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Graves acusaciones; primero, porque el comunicado del CGN, en ninguna parte afirma que haya una “crisis de violencia”, aunque rechaza los actos de violencia y terrorismo en Cúcuta, una capital que tuvo que declarar toque de queda; en Chocó, donde los habitantes están aterrorizados, y en el Catatumbo, que vive una crisis humanitaria sin precedentes.
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El ELN es el primero de la lista, y entonces uno se pregunta por qué, si hasta hace unos meses los diálogos con el Gobierno eran los de mostrar, con países garantes y acompañantes, incluidas la ONU y la Iglesia Católica, con 28 acuerdos firmados en dos años y hasta un flamante Comité Nacional de Participación.
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No relaciono estos tres temas por el simple prurito de estar en la ola de los acontecimientos, pues sin duda se trata de los que ocupan hoy el interés de la opinión pública, sino porque, efectivamente, están directamente relacionados.
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Empecé a escribir estas líneas en plan de agorero frente al futuro de los diálogos con el ELN, pues en contra de las declaraciones retóricas de voluntad de paz, hablan duro los hechos de violencia que contradicen su discurso y los del entorno político del país y del mundo.
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Durante 2024 emprendimos también la defensa férrea del derecho a la legítima propiedad de la tierra, frente a los intentos del Gobierno de despojar a los propietarios de la fase judicial en los procesos de expropiación con indemnización y de extinción de dominio por incumplimiento de la función ecológica de la tierra.
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La credibilidad del proceso está afectada por la credibilidad del Gobierno mismo, pero, sobre todo, por la falta de señales reales de voluntad de paz del ELN y por la falta de resultados, de las transformaciones prometidas en los territorios, que se irían implementando al ritmo de lo acordado.
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