…entre más chapalea, más se hunde”. Un dicho muy ganadero para ilustrar el lío fiscal en que se metió el Gobierno; lío que todos ven y advierten, pero que el gobierno desestima por una interpretación ideologizada de la realidad. Cuando se cree que todo es culpa de la “codicia capitalista”, las soluciones son peores que la enfermedad.
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Esa sesión de dimes y diretes a dos importantes medios se produjo terminada la reunión y tras las declaraciones del presidente del Consejo Gremial Nacional, Camilo Sánchez, y de la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, quienes, curiosamente, dijeron todo lo contrario.
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Los indígenas, apenas el 4,4% de la población (censo 2018), son los mayores propietarios de tierra (39 millones de hectáreas), pero la “recuperación” basada en “derechos ancestrales” sigue siendo su bandera y la ampliación de sus resguardos la principal demanda de los que cometieron desmanes y hoy enfrentan al Gobierno en Bogotá.
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Qué indolente la sociedad que lo permitió y en la que, por ingenuidad o por interesada perversidad política, muchos todavía defienden las monstruosidades escondidas en el Acuerdo con las Farc, concebido en una traición premiada con Nobel, nacido en un asalto a la democracia y apadrinado por una clase política que arrendó su conciencia a cambio de una porción de mermelada, el plato de lentejas del siglo XXI en Colombia.
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El último capítulo de ese novelón, que podría terminar en tragedia como en Venezuela, inició el 11 de marzo, cuando un grupo mayoritario de parlamentarios -así es en democracia- firmó la proposición de archivo de la Reforma Laboral.
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No va bien nuestra relativa autosuficiencia energética, ni la salud de los colombianos, un sistema que era necesario mejorar, sobre todo en la Colombia rural, pero no destruir con pretensiones adánicas.
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¿Qué pasó? En principio, cabe recordar que la formación catastral o avalúo inicial de un predio y su actualización son responsabilidad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, directamente o por delegación en agentes catastrales; en tanto que el predial, que se liquida a partir de ese avalúo, es un impuesto municipal, con la prerrogativa, en cabeza de los respectivos concejos, de fijar la tarifa entre el 1 y el 16 por mil del avalúo para predios de estratos 1, 2 y 3 con valor inferior a 135 SMLV, y del 5 al 16 por mil para avalúos superiores.
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Graves acusaciones; primero, porque el comunicado del CGN, en ninguna parte afirma que haya una “crisis de violencia”, aunque rechaza los actos de violencia y terrorismo en Cúcuta, una capital que tuvo que declarar toque de queda; en Chocó, donde los habitantes están aterrorizados, y en el Catatumbo, que vive una crisis humanitaria sin precedentes.
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