Columna del Presidente
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José Félix Lafaurie Rivera, ha realizado investigaciones sobre aspectos sociales y económicos publicadas en medios de comunicación prestigiosos de cobertura nacional e internacional y que han sido objeto de modificaciones en las políticas económicas y sociales del país. |

Las exigencias inaceptables de la minga indígena al presidente de la República –se reúne con nosotros cuando queramos, donde queramos y como queramos– develan sus verdaderas intenciones, pues mientras Duque viajaba a ratificar lo acordado, la intención de la minga era hacerle un juicio político en cabildo abierto, que me recuerda el que el M19 pretendió imponerle a Betancur en noviembre de 1985.
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Desde siempre, el país ha reclamado decencia y ha rechazado la política en beneficio de mezquinos intereses, la “politiquería” como parte de un perverso concubinato entre poderes que se dicen autónomos; pero cuando alguien llega a enderezar, a convocar un gran acuerdo para quitarle los “costos” a lo que ahora llaman “gobernabilidad”, a recuperar la dignidad del quehacer político y el servicio público, entonces la misma clase política deja a un lado sus rencillas para hacer frente común, pero no en defensa del interés general –ni se piense–, sino de la preservación de privilegios y corruptelas –el poder–, a costillas de los impuestos que usted paga y de una institucionalidad convertida en moneda de cambio.
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"El mensaje que el presidente mandó es que no vendría mientras la vía permanezca cerrada, pero los que estamos movilizados hemos planteado que no se puede despejar la vía hasta que el presidente venga". Si esto no es un chantaje violento al Gobierno, entonces ¿qué es? Y como si fuera poco el caos generado en el suroccidente del país, el arrogante líder de la minga amplía su amenaza: "Frente a lo dicho por el Presidente, que no viene, se fortalece la minga a nivel nacional (…) para que todas las regiones se levanten…”.
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Los arúspices del choque de trenes, “los divisionistas”, se quedaron con los crespos hechos porque la Corte Constitucional hizo lo que debía y no lo que ellos promovieron y siguen promoviendo: choque de trenes, enfrentamiento entre poderes, un clima mediático de país fracturado, rasgado, como la carátula de SEMANA, que debilite la gobernabilidad del presidente Duque, para pescar en ese río revuelto sus intereses burocráticos y electorales.
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El de las objeciones es un debate torticero, porque, sencillamente, una cosa es la constitucionalidad y otra la conveniencia; un debate polarizador para revivir la falsa división entre amigos y enemigos de la paz; un debate perverso que, apelando a la presunta destrucción del Acuerdo –una mentira– y un eventual regreso a la guerra –un chantaje–, busca preservar la impunidad negociada por Santos.
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Una justicia transicional para la reinserción de las Farc era legítima, pero no el esperpento de “justicia especial” que socavó las instituciones, permitió impunidad para décadas de crímenes de lesa humanidad y, de contera, en su corta vida se tiño de mentira y escándalo. Breve historia:
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Frente a la coyuntura histórica del 23 de febrero, resulta extraordinaria la pertinencia del coro del himno venezolano, que debería convertirse en consigna del megaconcierto del lado colombiano del puente Tienditas: “Gloria al bravo pueblo/que el yugó lanzó/la Ley respetando/la virtud y el honor”.
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El presidente Duque tiene para su firma la Ley Estatutaria de la JEP, sobre la cual, según declaraciones de la ministra del Interior, el Gobierno podría ejercer la potestad de objetarla por inconveniencia.
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