Columna del Presidente
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José Félix Lafaurie Rivera, ha realizado investigaciones sobre aspectos sociales y económicos publicadas en medios de comunicación prestigiosos de cobertura nacional e internacional y que han sido objeto de modificaciones en las políticas económicas y sociales del país. |

"El mensaje que el presidente mandó es que no vendría mientras la vía permanezca cerrada, pero los que estamos movilizados hemos planteado que no se puede despejar la vía hasta que el presidente venga". Si esto no es un chantaje violento al Gobierno, entonces ¿qué es? Y como si fuera poco el caos generado en el suroccidente del país, el arrogante líder de la minga amplía su amenaza: "Frente a lo dicho por el Presidente, que no viene, se fortalece la minga a nivel nacional (…) para que todas las regiones se levanten…”.
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Los arúspices del choque de trenes, “los divisionistas”, se quedaron con los crespos hechos porque la Corte Constitucional hizo lo que debía y no lo que ellos promovieron y siguen promoviendo: choque de trenes, enfrentamiento entre poderes, un clima mediático de país fracturado, rasgado, como la carátula de SEMANA, que debilite la gobernabilidad del presidente Duque, para pescar en ese río revuelto sus intereses burocráticos y electorales.
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El de las objeciones es un debate torticero, porque, sencillamente, una cosa es la constitucionalidad y otra la conveniencia; un debate polarizador para revivir la falsa división entre amigos y enemigos de la paz; un debate perverso que, apelando a la presunta destrucción del Acuerdo –una mentira– y un eventual regreso a la guerra –un chantaje–, busca preservar la impunidad negociada por Santos.
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Una justicia transicional para la reinserción de las Farc era legítima, pero no el esperpento de “justicia especial” que socavó las instituciones, permitió impunidad para décadas de crímenes de lesa humanidad y, de contera, en su corta vida se tiño de mentira y escándalo. Breve historia:
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Frente a la coyuntura histórica del 23 de febrero, resulta extraordinaria la pertinencia del coro del himno venezolano, que debería convertirse en consigna del megaconcierto del lado colombiano del puente Tienditas: “Gloria al bravo pueblo/que el yugó lanzó/la Ley respetando/la virtud y el honor”.
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El presidente Duque tiene para su firma la Ley Estatutaria de la JEP, sobre la cual, según declaraciones de la ministra del Interior, el Gobierno podría ejercer la potestad de objetarla por inconveniencia.
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Contrasta el pobre debate sobre las armas, promovido por uno de los polarizadores de oficio con espacio en los medios, Gabriel Silva, quien se atrevió a inventar que Uribe y Lafaurie quieren revivir el paramilitarismo y legitimar miles de armas de los ‘paras’; con la sólida política de Seguridad y Defensa anunciada por el presidente Duque.
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Algo grave pasó en Colombia cuando Santos decidió que el país no enfrentaba una amenaza narcoterrorista sino un “conflicto interno”, es decir, un legítimo levantamiento en armas contra un Gobierno también legítimo. Por eso no se negociaron solamente las condiciones de entrega y reinserción con justicia “transicional”, sino que esos “rebeldes legitimados” recibieron tratamiento de alta parte negociadora para modificar las instituciones y el Estado de Derecho en todo aquello que, según ellos, justificaba y legitimaba su “insurgencia”.
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