Columna del Presidente
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José Félix Lafaurie Rivera, ha realizado investigaciones sobre aspectos sociales y económicos publicadas en medios de comunicación prestigiosos de cobertura nacional e internacional y que han sido objeto de modificaciones en las políticas económicas y sociales del país. |
Frente a la coyuntura histórica del 23 de febrero, resulta extraordinaria la pertinencia del coro del himno venezolano, que debería convertirse en consigna del megaconcierto del lado colombiano del puente Tienditas: “Gloria al bravo pueblo/que el yugó lanzó/la Ley respetando/la virtud y el honor”.
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El presidente Duque tiene para su firma la Ley Estatutaria de la JEP, sobre la cual, según declaraciones de la ministra del Interior, el Gobierno podría ejercer la potestad de objetarla por inconveniencia.
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Contrasta el pobre debate sobre las armas, promovido por uno de los polarizadores de oficio con espacio en los medios, Gabriel Silva, quien se atrevió a inventar que Uribe y Lafaurie quieren revivir el paramilitarismo y legitimar miles de armas de los ‘paras’; con la sólida política de Seguridad y Defensa anunciada por el presidente Duque.
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Coherentes –como hace mucho no lo eran– han sido las decisiones y acciones de política exterior de Iván Duque. El ELN no podía llamarse a engaño si no renunciaba al secuestro, al terrorismo y a todas sus actividades criminales como condición sine qua non para cualquier posibilidad de negociación. No era una condición advenediza, sino clara desde la campaña y desde su posición política en el Congreso.
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Algo grave pasó en Colombia cuando Santos decidió que el país no enfrentaba una amenaza narcoterrorista sino un “conflicto interno”, es decir, un legítimo levantamiento en armas contra un Gobierno también legítimo. Por eso no se negociaron solamente las condiciones de entrega y reinserción con justicia “transicional”, sino que esos “rebeldes legitimados” recibieron tratamiento de alta parte negociadora para modificar las instituciones y el Estado de Derecho en todo aquello que, según ellos, justificaba y legitimaba su “insurgencia”.
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Bien dijo el presidente Duque que el salvaje atentado contra la Policía Nacional no era solo contra esa institución, ni contra la juventud allí sacrificada, sino contra Colombia, y Colombia somos todos, usted y yo, amigo lector, su vecino y mi vecino, su familia y la mía; todos, aunque ese sentimiento patrio solo brote alrededor de triunfos deportivos o de motivos algo banales.
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El Ministerio de Agricultura, en cumplimiento de la ley 89 de 1993, el 4 de enero suscribió con Fedegán el contrato para la administración del Fondo Nacional de Ganado, pues además, había llegado a su término la administración temporal de Ministerio a través de Fiduagraria, con el gravísimo daño para la ganadería de la pérdida del estatus de país libre de aftosa.
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Hace tres años, el 4 de enero de 2016, un gobierno que se decía democrático, en complicidad con un contralor que se decía adalid de la transparencia, le asestó a Fedegán un golpe de mano, envileciendo la Ley y las instituciones para utilizarlas como instrumento de retaliación contra un gremio cuyo único pecado fue no callar, fue atrevernos a expresar públicamente nuestras diferencias, ese derecho sagrado de la democracia, despreciado por Santos en las urnas del plebiscito y, de contera, convirtiendo en enemigos de la paz y de su gobierno a quienes no se plegaron a las condiciones ilegítimas de las negociaciones con las FARC.
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