El de las objeciones es un debate torticero, porque, sencillamente, una cosa es la constitucionalidad y otra la conveniencia; un debate polarizador para revivir la falsa división entre amigos y enemigos de la paz; un debate perverso que, apelando a la presunta destrucción del Acuerdo –una mentira– y un eventual regreso a la guerra –un chantaje–, busca preservar la impunidad negociada por Santos.
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Una justicia transicional para la reinserción de las Farc era legítima, pero no el esperpento de “justicia especial” que socavó las instituciones, permitió impunidad para décadas de crímenes de lesa humanidad y, de contera, en su corta vida se tiño de mentira y escándalo. Breve historia:
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El editorial de El Tiempo sobre el crecimiento económico en 2018, calificado como “aceptable”, señalaba, sin embargo, que “la agricultura se desaceleró” –como si no existiera el sector pecuario– y que “las cosas para el campo habrían salido peor”, de no ser, paradójicamente, por la ganadería y la pesca de cultivo.
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Frente a la coyuntura histórica del 23 de febrero, resulta extraordinaria la pertinencia del coro del himno venezolano, que debería convertirse en consigna del megaconcierto del lado colombiano del puente Tienditas: “Gloria al bravo pueblo/que el yugó lanzó/la Ley respetando/la virtud y el honor”.
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El presidente Duque tiene para su firma la Ley Estatutaria de la JEP, sobre la cual, según declaraciones de la ministra del Interior, el Gobierno podría ejercer la potestad de objetarla por inconveniencia.
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Contrasta el pobre debate sobre las armas, promovido por uno de los polarizadores de oficio con espacio en los medios, Gabriel Silva, quien se atrevió a inventar que Uribe y Lafaurie quieren revivir el paramilitarismo y legitimar miles de armas de los ‘paras’; con la sólida política de Seguridad y Defensa anunciada por el presidente Duque.
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Coherentes –como hace mucho no lo eran– han sido las decisiones y acciones de política exterior de Iván Duque. El ELN no podía llamarse a engaño si no renunciaba al secuestro, al terrorismo y a todas sus actividades criminales como condición sine qua non para cualquier posibilidad de negociación. No era una condición advenediza, sino clara desde la campaña y desde su posición política en el Congreso.
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Algo grave pasó en Colombia cuando Santos decidió que el país no enfrentaba una amenaza narcoterrorista sino un “conflicto interno”, es decir, un legítimo levantamiento en armas contra un Gobierno también legítimo. Por eso no se negociaron solamente las condiciones de entrega y reinserción con justicia “transicional”, sino que esos “rebeldes legitimados” recibieron tratamiento de alta parte negociadora para modificar las instituciones y el Estado de Derecho en todo aquello que, según ellos, justificaba y legitimaba su “insurgencia”.
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