Con este resumen introductorio María Fernanda Cabal hace un completo análisis sobre las implicaciones que tiene para Colombia aprobar el Tratado de Escazú y que nuevamente el gobierno presentó al Congreso de la República el pasado 29 de octubre para su ratificación, y lo informó desde Glasgow, Escocia, el ministro de Ambiente, Carlos Correa, en medio de la Conferencia Anual sobre Cambio Climático COP26.

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Este análisis –que se puede ver en el video #NoAEscazú ¿Sabe usted qué es el Acuerdo de Escazú y cómo afectará a Colombia?– se caracteriza por proporcionar una explicación jurídica al alcance de no entendidos y porque demuestra cómo afectará a todas las actividades económicas en el país sobre todo las desarrolladas en los territorios rurales, como la ganadería, y es por esto importante que los productores ganaderos conozcan el alcance de este instrumento.

¿Qué tiene eso de novedoso?

Plantea la candidata a la presidencia de la República, y responde: ¡Nada!

Explica que, de hecho, Colombia es uno de los países que está a la vanguardia de la protección del medio ambiente, y que esa protección está incorporada en nuestro ordenamiento jurídico.

Entonces ¿Cuál es el problema?

El problema es que al ser un tratado de derechos ambientales o democracia ambiental –que es ahora la frase de moda– inmediatamente, cualquier acción que se crea, que se considere, que puede dañar el medio ambiente, activa toda la jurisdicción internacional.

¿Qué significa esto? Que tiene competencia la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, y la Corte Internacional de Justicia –la misma que nos quitó el área maría alrededor de San Andrés–.