Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencias Políticas, manifestó en declaraciones a RCN su preocupación por algunos puntos que fueron incluidos en dicho Acuerdo y que son nocivos para el país.

El experto aseguró que la mayor preocupación radica en los altos riesgos de incertidumbre jurídica que se genera al ceder competencias soberanas a organizaciones en su mayoría internacionales.

"No es necesario ceder competencias soberanas a unas organizaciones que se van a crear en el marco de Escazú, sobre las cuales el Estado colombiano no tendría ningún tipo de control político o fiscal, como pasa con la mayoría de los organismos internacionales que hoy en día no hay quien los controle. Van a poder emitir una serie de pronunciamientos activados por ONG que pueden ser de papel, poniendo en riesgo muchas cosas", advirtió.

Señaló que el Acuerdo de Escazú le otorga poder a las organizaciones para pedir que se reevalúen las licencias ambientales, aún después de un largo análisis por parte de las autoridades y de las consultas previas con las comunidades de zonas determinadas. (Lea: Vuelve a debate el Acuerdo de Escazú en el Congreso)

"Resulta que la autoridad ambiental luego de hacer todo el proceso para otorgar las licencias y de haber hecho consultas con las comunidades, alguien puede pedir una 'reexaminación' de esa licencia sin ninguna evidencia científica o técnica, porque el acuerdo no establece que se debe presentar este tipo de evidencias", explicó.

En ese sentido, Chacón manifestó que todo eso implica altos costos y efectos negativos en el desarrollo social de las comunidades.