En su primer año de operación, fue positivo el balance del mecanismo de obras por impuestos, según el cual las empresas del sector privado toman la decisión de no pagar parte de su impuesto de renta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, sino destinarlo a la construcción de una obra. El origen del mismo está en la reforma tributaria del 2016, que le dio vida a las llamadas Zomac (zonas más afectadas por el conflicto armado), que comprenden 344 municipios. (Lea: Valor de impuestos catastrales no se compadece del sector rural)

 

En las Zomac se crearon dos mecanismos dirigidos a las empresas: una tarifa diferencial de renta por 10 años para las nuevas compañías o las que se formalicen en estos municipios, y obras por impuestos. A este último, pueden acogerse de manera voluntaria aquellas empresas cuyos ingresos brutos superen los 3.610 UVT en el año o periodo gravable, mediante la inversión en obras en sectores como agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación, energía o salud.

 

Pues bien, ha sido tal la acogida de obras por Impuestos –modelo peruano que le ha permitido al sector privado invertir USD 1 billón en este país y que Fedegán propuso hace algún tiempo–, que para este primer año se aprobaron veintitrés proyectos en catorce departamentos, por más de $220 mil millones. Su discriminación es como sigue: diez proyectos de agua potable y alcantarillado ($79 mil 392 millones), nueve de infraestructura vial ($123 mil 853 millones), siete de educación ($19 mil 683 millones), y uno de energía ($11 mil 466 millones).