¿Desconoce el jefe de Estado el contexto del abandono estatal, responsable de la violencia y la pobreza rural? No creo. Más bien, subestima a los colombianos que no tragamos los sapos que saltan desde Cuba. Basta revisar el prontuario de las Farc, el ridículo avance de la Ley restitución de tierras o el primer informe de La Habana, para advertir los engaños. El único que cree que la salida a la esfera política de los farianos pasa por la lavandería de la impunidad, es el Gobierno. Así como fantasea con la política anti-despojo o el acuerdo de desarrollo agrario.

La ligereza del Presidente patina en conjeturas perversas. Por un lado, legitimar los métodos terroristas, bajo la demagogia de “la tierra” o el “fin del conflicto”. De contera, declinar su obligación de usar las armas del Estado de Derecho y la Ley contra la guerrilla, porque según él, sólo cediendo a sus exigencias se puede restituir el orden y el desarrollo. Y para cerrar, creer que la guerra está sobre diagnosticada y que, por ende, abrir la democracia a los narco-terroristas sin fórmulas de justicia o arrebatar la tierra a unos para entregarla a otros, traerá paz y productividad.

Ahí están las amenazas del Canciller de las Farc, el día del anuncio del acuerdo agrario: “si dependiera de nosotros, confiscaríamos la tierra de los latifundistas ya. Pero el Gobierno no puede hacernos la revolución por decreto (…) que el campesinado sepa que puede acorralar a este sector retardatario”. Incluso el inacabado acuerdo agrario es más venenoso que su retórica. No oculta las pretensiones de su Ley 001 de reforma agraria revolucionaria, aunque pretendan hacernos creer que la han suavizado. Por supuesto, faltan las “salvedades”, como llaman a las desavenencias con el Gobierno. Aunque las filtraron en las peticiones de la Mesa Nacional Agropecuaria del paro agrario.

Sabemos, entonces, que un hipotético pacto en La Habana no será sinónimo de paz ni productividad, como también del fracaso del Gobierno en muchos de sus políticas, en especial las de seguridad y desarrollo rural. Bien articuladas y sin la intervención de las Farc, nos habrían llevado a la “prosperidad democrática”. Pero contrario a ello, el programa insigne de restitución de tierras, por ejemplo, apenas ha devuelto 20.000 hectáreas de un total 2.9 millones, la incidencia de la pobreza rural persiste en un 46% y el panorama de criminalidad es insostenible. Nada mejoró en estos años.

Así mientras la ruralidad se desgrana entre el terror, la miseria y la frustración, el Gobierno desvía la atención reivindicando a los terroristas, aupando su retórica sobre la tierra –que el censo agropecuario podría desmentir– y unas negociaciones que nacieron sin el aval de los colombianos. Sí, hacer demagogia con la paz y la tierra, puede ser políticamente rentable. Pero es más ético sincerar el debate electoral y llamar las cosas por su nombre. Las Farc no quieren paz ni comprensión a su causa, quieren poder y el Presidente la reelección. No es más.