La decisión de Gustavo Petro de dejar en libertad a a personas detenidas por cometer graves delitos y nombrarlos como gestores de Paz cayó como un baldado de agua fría señala una nota de la revista Semana, por tratarse de personas que fueron detenidas por cometer graves delitos en medio del paro nacional.

Ya el gobierno había explorado la posibilidad de hacerlo a través de una ley en el Congreso que frustró la promesa de campaña del mandatario, por la misma razón: estaban presos por decisiones de los jueces amparadas en contundentes pruebas.

Sin embargo Petro decidió pasar por encima esas negativas y, de un plumazo, devolverlos a las calles a través de un Decreto

El informe de la Fiscalía

La Fiscalía General señala en un informe, que 171 integrantes de estos grupos lideraron violentas jornadas de protesta y promovieron ataques contra la fuerza pública y la infraestructura, a los que les han sido imputados por graves delitos como terrorismo, secuestro, homicidio, violencia contra servidor público, tráfico de drogas, lanzamiento de sustancias peligrosas y daño en bien ajeno, entre muchos otros.

El propio fiscal Francisco Barbosa explicó que todos ellos están presos por cosas que nada tienen que ver con la protesta social. “Las imputaciones y las acusaciones se dieron por la comisión de delitos que no tenían nada que ver con las protestas. Aquí nos enfrentamos a delincuentes, no a manifestantes. Aquí los únicos que merecen pasar una buena Navidad son los ciudadanos que han cumplido la ley. Además, hay una situación de zozobra, ellos no se han comprometido con las víctimas ni con la sociedad. Las decisiones judiciales no pueden ser intervenidas por otra rama del poder público”. (Lea: El paro hizo más mella en el sacrificio bovino que la pandemia)