La seguridad jurídica de una norma es la base de una buena política, porque a partir de allí se logran los resultados planeados.

 

Si esta se pierde o se tiene la certidumbre de los efectos que señala el legislador no serán los esperados, pues nada diferente a una catástrofe serán sus resultados. La incertidumbre puede ser causada por definiciones ambiguas, previsiones imprecisas, premisas falsas, o laxitud en la extensión de las facultades, entre muchos factores. (Lea: Una reforma que reparte tierras pero olvida la productividad)

 

Y esas son las características que han permeado el proyecto de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural que el Gobierno aprobará utilizando sus facultades para expedir Decretos-leyes.

 

Ese mecanismo, como se comentó en anteriores ABC que sobre este proyecto ha publicado CONtexto ganadero, inhibe que el proyecto pase por los escritorios de los honorables congresistas.

 

Como sobre el país recaen las consecuencias de las decisiones que se adopten, lo mejor es prever los resultados posibles.

 

Colectando algunos pronunciamientos, de los gremios y de personas conocedoras de tema, es importante que los lectores sopesen las siguientes.  (Lea: La ANT: poder omnímodo)