Los casos de víctimas de esta norma que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional, tienen un común denominador, microfocalizaciones realizadas a las carreras, verdaderas víctimas del conflicto despojadas y personas que lo que buscan es sacar provecho de los beneficios de la Ley. (Lea: Lafaurie recorre el país para revelar las 3 amenazas del sector rural)

 

Carlos Aníbal Guerra, agricultor, ganadero y representante legal de la Asociación Campesina del Magdalena Medio, Ascamm, señaló que la Ley se quiere aplicar en todas las regiones del país donde se suscitaron hechos de violencia y que el Urabá fue una región que sufrió mucho no solo por el azote de la guerrilla, sino por el de los paramilitares.

 

Indicó que las guerrillas entraban con los movimientos invasores a las fincas de grandes propietarios, luego el Incora compraba esas propiedades, las parcelaba y las adjudicaba a personas, que en su mayoría, tenían nexos con grupos ilegales, razón por la cual se volvían objetivos militares de las autodefensas y luego eran esos mismos propietarios quienes en algunos casos vendían o decidían salir de esas tierras.