Un proyecto de ley que pretendía ratificar el Acuerdo de Escazú y que tenía mensaje de urgencia del gobierno, no logró hacer trámite en la legislatura que terminó. Por esta razón el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa –argumentando que es una prioridad para el Gobierno–, lo volverá a presentar para que haga curso en el Congreso en la nueva legislatura. (Lea: El gobierno seguirá insistiendo en la ratificación de Escazú)

El polémico proyecta enfrenta dos tesis: una que señala que el Acuerdo de Escazú es una herramienta vital para regular los derechos para acceder a la información, participar de los asuntos públicos y para que la justicia sea efectiva alrededor del uso sostenible de los recursos naturales; agregan que protegería los derechos humanos –que es su segundo componente principal– pues argumentan que Colombia es el país más riesgoso para ejercer la defensa del ambiente y el territorio, y citan un informe de la ONG británica Global Witness, que señala que en 2019 perdieron la vida 64 personas defensoras del medio ambiente.

Camilo Prieto, director del Movimiento Ambientalista Colombiano –citado por la Revista Semana–, manifestó que los acaparadores de tierras se oponen con fuerza al Acuerdo de Escazú, que ya fue ratificado por 12 países.

Pero otra cosa es la que señalan desde la otra orilla quienes consideran que no es conveniente para el país ratificar dicho Acuerdo. Indican puntualmente:

• Pérdida de la soberanía y autonomía de Colombia en asuntos ambientales, pues si un conflicto no se resuelve entre las partes de manera interna, deberá presentarse ante la Corte Internacional de Justicia;

• Inseguridad Jurídica: Explican que ante posibles impactos negativos en el medio ambiente, se procederá con la suspensión de cualquier obra o exploración, con base en indicios del posible daño sin necesidad de requerir la certeza científica absoluta.