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Con el Acuerdo de Escazú la última instancia es la CIDH

El ‘Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe’, como se le denomina al Acuerdo de Escazú, sigue generando dudas y preocupaciones en un sector de la política colombiana. (Lea: El alcance del Acuerdo de Escazú)

 

A través de un video en su canal de Youtube, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, volvió a alertar al país sobre los riesgos que generaría para Colombia adherirse y suscribir el tratado.

 

De acuerdo con Cabal, el verdadero problema del Acuerdo es que al ser un tratado de derechos ambientales o ‘democracia ambiental’, inmediatamente cualquier acción que se crea y se considere que pueda dañar el medio ambiente, activa toda la jurisdicción internacional, es decir, tienen competencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia.

 

Agregó que “todo es parte de la propaganda ambientalista, que quiere someter el desarrollo del país a la decisión de terceros, como es el caso de ONG, multinacionales globalistas. Es tan cierta la amenaza del control global, que muchas multinacionales operan como fachada de organizaciones de derechos humanos y operan de ONG’s, que los primeros que se manifestaron en contra del Acuerdo de Escazú fueron los 6 gobernadores de la comunidad amazónica del Perú”. (Lea: El veneno escondido en el Acuerdo de Escazú contra Colombia)

 

 

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