Lo primero que hay que dejar claro es que las tierras son de ganaderos y no del gremio, por cuanto son ellos los que van a hacer la negociación con el gobierno.

El objeto del acuerdo es posibilitar la compraventa directa de tres millones de hectáreas de tierra por parte del Gobierno a personas del sector ganadero que voluntariamente deseen venderlas. En todo caso el Ejecutivo también considerará otras fuentes para la adquisición de tierras y así cumplir el punto uno del acuerdo con las Farc.

Las tierras deben ser acreditadas como propiedad privada conforme a la Ley 160 de 1994, que no estén siendo cuestionadas por la institucionalidad de restitución, que no tenga ningún proceso agrario en curso ni medidas de protección y que cumplan con las disposiciones ambientales y agrarias y condiciones ecológicas.

Igualmente se estableció que el Ministerio de Agricultura y la Upra evaluarán la capacidad productiva de la tierra, se precisará la ubicación de los predios a escala municipal y veredal, con información de la Agencia Nacional de Tierras. (Lea: La promesa de valor del acuerdo entre el gobierno y los ganaderos)

“Se propenderá porque la adquisición de tierras se focalice en número de hectáreas que facilite la ejecución de proyectos productivos en escalas rentables”.

Las personas que deseen venderle al gobierno se comprometen a comercializar los predios por su valor comercial tal como lo dispone la Ley 160 de 1994 y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi determinará precios mínimos y máximos de cada una de las ofertas y a esto se sumará el resultado del catastro multipropósito.