Sin embargo, lo que ha dicho el próximo mandatario es que la tierra que piensan intervenir o expropiar vía impuestos es la productiva y no los baldíos que considera tierra improductiva, a pesar de haber allí cultivos de uso ilícito.

Según dicho trabajo, la identificación de los baldíos dentro del territorio es indispensable para plantear de mejor manera la implementación integral de la reforma agraria, distribuyendo los terrenos baldíos equitativamente, dándoselos a campesinos pobres para que puedan hacerlos productivos.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), no tener datos claros de los propietarios de las tierras baldías puede llevar a que haya más cultivos de droga, ya que no hay ningún tipo de control ni conocimiento real de esta problemática. (Lea: Baldíos, un enredo de marca mayor)

Los terrenos baldíos en el país representan 48 millones de hectáreas, es decir el 20 % de los 114 millones de hectáreas del territorio de Colombia. Por otro lado, la producción de cocaína se ha incrementado en los últimos años, a pesar de la reducción de áreas sembradas. En 2020 esa cifra alcanzó las 1.228 toneladas, frente al estimado de 2019, que habría sido de 1.137 toneladas.

Las estadísticas pueden ir en aumento en lugares cuyo título de propiedad u origen se desconoce, que es en la mayoría de los casos, y no se tienen como un terreno productivo ni representativo en la implementación de la reforma agraria. Según la Ley 160 de 1994, “por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino”, los baldíos son el principal insumo de dicha política.

La profesora Diana Isabel Güiza Gómez, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, afirma que “Colombia no siguió con la idea de hacer una reforma redistributiva, en donde se tomarán las tierras que no se están utilizando para entregárselas a campesinos que las necesitan, dada su condición de pobreza”.