Será uno de los primeros proyectos que debatirá el nuevo Congreso que se posesionó el pasado 20 de julio y que cuenta con las mayorías a favor del nuevo gobierno de Gustavo Petro que se posesionará el 7 de agosto.

Este proyecto ya había sido archivado anteriormente por lo inconveniente que resultaba para el país pero han querido revivirlo y ya fue aprobado por mayoría en comisión y ahora le falta su paso por la plenaria del Senado y luego por comisión y plenaria de la Cámara.

De acuerdo con una nota del canal de youtube de Escuela Libertad, este tratado fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en el municipio de Escazú, Costa Rica y de los 24 países que lo firmaron solo 13 lo han ratificado.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves aseguró que durante su gobierno el país no ratificará dicho acuerdo pues entiende muy bien los graves problemas en seguridad jurídica y soberanía que traería. (Lea: ¿Sabe usted qué es el Acuerdo de Escazú y cómo afectará a la ganadería?)

Dicho tratado, según Escuela Libertad, va más allá porque todo se reduce al derecho al acceso a tres ámbitos: la información, la toma de decisiones, y la justicia.

El acceso a la información en asuntos ambientales se traduce en decisiones sobre el medio ambiente y en justicia ecológica. El abogado peruano Sergio Tapia afirma que el Acuerdo de Escazú se alinea con los insatisfechos apetitos de los intereses creados en busca de territorios y recursos naturales.

La Cepal hará las veces de Secretaría General y si un Estado incumple sus obligaciones podría ser demandado por otro Estado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el tribunal de las Naciones Unidas para las demandas entre Estados.