A pesar de ser expedido en 2007, el Decreto 1500 tuvo sucesivos aplazamientos a lo largo de 9 años, a pesar de que el gremio agropecuario reclamaba esta reglamentación para modernizar el proceso de beneficio y desposte de las especies bovina, porcina y aviar.

De esta manera, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) inició la tarea de verificar los sitios estaban al día con los requisitos en materia sanitaria, inocuidad, cadena de frío y calidad. (Informe: Estatus de las plantas en el primer año de vigencia del Decreto 1500)

En 2008, había 1.627 mataderos autorizados para el beneficio, pero en aras de reducir los riesgos en salud pública y elevar el estatus sanitario para acceder a mercados internacionales, la norma obligó a los establecimientos a hacer adecuaciones necesarias en materia de infraestructura, dotación, entre otras.

Ante la larga lista de requisitos, las autoridades determinaron que solamente funcionarían las plantas con capacidad para hacer las inversiones necesarias, en tanto que los mataderos más pequeños (municipales o regionales) serían clausurados, dentro de un Plan de Racionalización de plantas presentado por cada gobernación.