Hay casos de víctimas a lo largo y ancho del territorio nacional, toda con varios elementos en común: microfocalizaciones realizadas a las carreras, verdaderas víctimas del conflicto despojadas y personas que lo que buscan es sacar provecho de los beneficios de la Ley.

Campesinos y productores manifiestan que las investigaciones necesarias para dictar los fallos no están siendo rigurosas y que no se procura tampoco saber realmente quienes son los implicados. (Lea: Uso indebido de Ley de Víctimas perjudica a dueños legítimos de tierra)

 

Adicionalmente, muchas veces las pruebas que las personas presentan para evidenciar que son los dueños legítimos no son tenidas en cuenta porque son los miembros de la Unidad quienes asesoran jurídicamente a los reclamantes, y en su afán de mostrar resultados optan por despojarlos de sus tierras.

 

Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Urabá Antioqueño, Cesar, Norte de Santander, Santander, Meta y Guaviare son solo algunos de los departamentos donde día a día se presentan injusticias por desalojos forzados a compradores de buena fe.

 

Algunas de las historias más impactantes que este diario ha tenido la oportunidad de dar a conocer a la opinión pública revelan como la Unidad no tiene en cuenta que las personas a las que está despojando de sus patrimonios en muchos casos han sido desplazadas por la violencia, víctimas del conflicto, cuentan con pocos recursos, son de la tercera edad, madres solteras o han hecho alguna labor social.