Hasta la década de los años 90, el otorgamiento de créditos agropecuarios se soportaba, primordialmente, en la capacidad de garantías del productor, no necesariamente en la existencia de un proyecto productivo viable; por esta razón y por efecto de varias crisis vividas en el campo, gracias a: la apertura económica implementada durante el Gobierno Gaviria, sin soporte de una política oficial agropecuaria de apoyo al campo; las altas e inmanejables tasas de los créditos; efectos nocivos de fenómenos naturales desconocidos para entonces y a la práctica bancaria de cobrar intereses sobre intereses vía capitalizaciones sucesivas, la capacidad de endeudamiento de miles de productores del campo se copó y entraron en mora.

 

“A partir de 1996, y como consecuencia de la situación anterior, se originó una bonanza para los abogados vinculados a los bancos, a través de los procesos de cobro jurídico encomendados, una crisis que tiene su raíz en el crecimiento desmedido del número de bienes rematados por el sistema financiero y la consecuente ruina de los productores”, detalló Hernán Araujo Castro, dirigente del departamento del Cesar y reconocido productor y ganadero.