El aumento del 3,23 % del precio pagado al productor, que no contempla el incremento de los costos de producción, revela que el Gobierno continúa cediendo a las pretensiones de las pasteurizadoras multinacionales de eliminar la producción nacional para colocar en Colombia, los excedentes de leche subsidiada de sus países.

Así lo señaló Ramiro Camacho, ganadero de gran tradición, y miembro de la junta directiva del gremio Dignidad Lechera.

Para Camacho, la libertad de precios se comenzó a gestionar desde el esquema 70-30 señalado en la Resolución 247 de 1989, que estipulaba 70 % del valor del litro de leche para el ganadero y el 30 % a la industria que la procesaba. Dicho esquema la industria no lo cumplió.

“Posteriormente vino el Acuerdo de Competitividad del Sector Lácteo de julio de 1999 que estipuló la necesidad de apuntar a la libertad de mercado, y de igual manera, dar espacio para bonificaciones por calidad, definir su gradualidad de acuerdo con las negociaciones internacionales y ser competitivo internacionalmente”, explicó el dirigente.