Entre los datos dados a conocer por la entidad, preocupa que ninguna de las 167 entidades evaluadas por esta herramienta de control social lograran el nivel de riesgo bajo de corrupción. Las calificaciones más aceptables se clasifican en riesgo moderado y la conforman en un 27 % las entidades nacionales, 22 % de las gobernaciones y sólo 11 % de las 28 alcaldías evaluadas. (Lea: Funcionarios del ICA entre el temor y la corrupción)

 

Como señala, Gerardo Andrés Hernández, director ejecutivo de la  Corporación, los corruptos y el crimen organizado han encontrado en la administración pública un escenario de oportunidad para no solo capitalizar recursos económicos, sino además para controlar el territorio y sus poblaciones.

 

“De esta manera la corrupción se expresa a través de la captura del Estado, donde controlar el sistema político y los procesos claves de la gestión administrativa, tales como la contratación pública y el empleo público entre otros, garantizan la manipulación de políticas públicas y provisión de bienes y servicios públicos”, sostiene Hernández.