Debe moverse entre lo que ordena la Corte Suprema de Justicia respecto al tema ambiental y de protección, el pedido de los ganaderos de la región sobre su impacto, y el control que ejercen las Farc-ep tanto del territorio como de las comunidades y sus actividades, el cual soporta en su capacidad intimidatoria que no es solamente de sanción pecuniaria sino de tomar otras acciones para quienes las incumpla –es la ley del territorio fariano–.

En ese entorno se deben mover las entidades involucradas en la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis, es decir el ICA (como entidad rectora de la sanidad en Colombia) y Fedegán quien ejecuta la campaña a través de los vacunadores que son contratados para tal fin en virtud del contrato de administración de la cuota parafiscal ganadera y que son recursos de los ganaderos, amén de las determinaciones de la Procuraduría que exige su cumplimiento.

En el entretanto el país ganadero de aboca al regreso de la fiebre aftosa por la no vacunación de más de un millón de cabezas de ganado, con los efectos tanto para los ganaderos –recuérdese la medida de fusil sanitario en caso de presentarse tal tragedia– y el retroceso económico de la actividad y de las regiones, y de lo conquistado en los mercados internacionales.

El hilo de la resolución del ICA

A raíz de la expedición de la Resolución No.00007067 (02/05/2022) expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, mediante la cual el gobierno estableció medidas encaminadas a la cancelación del Registro Sanitario de Predio Pecuario - RSPP de los predios que desarrollan su actividad ganadera (bovinos y/o bufalinos) dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se pronunció el Comité de Ganaderos del Meta –que pide gradualidad y presenta alternativas de solución– y las Farc-ep –que exhibe el control territorial así como de sus habitantes y actividades– para impedir el cumplimiento de dicha norma y avanzar en sus propósitos con su ‘revolucionario saludo comunista’.