En un debate de control político sobre la invasión de tierras, en la comisión quinta de la Cámara de Representantes el directivo manifestó que la Constitución obliga al Estado a proteger la producción de alimentos y el gobierno tiene las herramientas para hacerlo.

La seguridad jurídica y física es fundamental en el territorio, que unos pocos alegando conflictos históricos o su necesidad de acceder a la tierra violen la Constitución y la ley no es justo y no se puede aceptar, indicó.

“Ningún ciudadano de bien puede permitir que el Estado no responda con contundencia y de manera inmediata ante la comisión de un delito”, afirmó.

Añadió que el diálogo no puede ser a punta de violar la Constitución y la ley, quienes lo hagan no deberían poder acceder a la reforma rural integral que el gremio y sus afiliados apoyan y acompañan pero, dijo, “lo que no podemos acompañar como sector agropecuario es que a punta de violar la Constitución y la ley se busque hacer una reforma agraria”.

Las invasiones que se han dado en diferentes regiones del país son una violación de los derechos a la vida, al trabajo y a la propiedad privada y deben tener una respuesta efectiva por parte del Estado y eso se llama judicialización. (Lea: Gremios alertan sobre invasiones de tierras por indígenas)

Durante las 48 horas que hay que esperar para actuar le queman los cultivos y le matan los animales y el dueño tiene que ir hasta donde están las autoridades y mientras tanto quién le cuida su tierra, cuestionó el dirigente gremial.