Según la información suministrada por fuentes cercanas a CONtexto ganadero, cerca de 2.500 familias que viven en la capital del departamento se verían afectadas por los procesos de restitución que pretenden beneficiar a comunidades indígenas que no han sido víctimas del conflicto.

 

Alfonso Martínez Aguilera, abogado de profesión pero campesino por vocación, explicó que la raíz de la problemática es la Ley 1448, a partir de la cual se desprende el decreto 4633 del 2011, que habla del tema de Restitución de los resguardos indígenas. (Lea: Uso indebido de Ley de Víctimas perjudica a dueños legítimos de tierra)

 

“Muchos de los predios que están pretendiendo restituir ya fueron adjudicados en el pasado por del Incoder, antiguo Incora, hace 30 o 40 años; ahora, con el argumento que son terrenos de las comunidades indígenas se los quieren quitar a sus propietarios que son pequeños campesinos”, señaló.