Dicho proyecto de ley fue objetado por el gobierno Santos argumentando que la exclusión de beneficios para algunos autores de delitos debe operar para autores de delitos más graves, como el genocidio, la desaparición forzada o los crímenes de acuerdo al derecho internacional; y que la eliminación de la detención domiciliaria, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria y los demás beneficios judiciales y administrativos, para los autores del delito de abigeato –aprobados por el Congreso–, resultan altamente inconvenientes porque se incrementan los factores que están generando la persistente violación de los derechos humanos a las personas privadas de libertad, entre otros.

 

El proyecto de ley busca aumentar las penas y eliminar los beneficios de excarcelaciones a quienes se vean inmersos en el hurto de ganado y el carneo, conducta que está afectando la economía a miles de familias ganaderas.