A pesar de que la Ley no deja lugar a dudas, el cumplimiento sobre el tema del cobro del servicio de energía en el sector rural sigue sin recibir la atención que demandan quienes residen en los campos del país.

 

El artículo 65 de la Constitución, en reconocimiento de la importancia estratégica de la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria, consagró que “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias,…”. (Columna: Energía rural)

 

De hecho, la Ley 101 de 1993, en desarrollo de ese mandato, ordenó taxativamente que “La Comisión de Regulación Energética establecerá subsidios preferenciales de energía eléctrica para los productores del sector agropecuario y pesquero”.