La existencia del DANE, como –valga la comparación–, la de la Supernotariado, como guardián de la fe pública, descansa en la credibilidad técnica y la transparencia institucional, que se traducen en percepción de confianza. No en vano, El DANE es el generador y guardián de las cifras oficiales del Estado colombiano, como el costo de vida y el PIB, entre otras, que son base para decisiones trascendentales como el aumento del salario mínimo, que afecta toda la economía y a los millones de colombianos más pobres.

 

Está visto, entonces, que la prioridad del nuevo director del DANE, Juan Daniel Oviedo, es recuperar esa credibilidad maltrecha, para lo cual viene precedido de una hoja de vida que honra la promesa presidencial de nombrar en estas posiciones estratégicas a los mejores especialistas, sin interferencia alguna de orden político.

 

Mauricio Perfetti era también un especialista reputado, pero le entregó el rigor técnico a un gobierno más preocupado por la imagen que por la realidad. De hecho, su llegada al DANE quedó marcada por haber aceptado el reto –o el mandado– de hacer a toda costa el Censo Agropecuario, en contravía de la recomendación de la entonces Dirección de la entidad. Para entonces, Santos, presionado por el “tal paro” que sí existía, decidió acordarse del Censo y meterlo de afán en el Pacto Nacional Agrario, para lo cual sacó a sombrerazos a Jorge Bustamante, un hombre serio que tuvo la osadía –verticalidad– de expresar públicamente que consideraba “particularmente inapropiado” iniciarlo sin la debida preparación y en plena campaña electoral.

 

El Censo Agropecuario, que iba a costar $200 mil millones, terminó costando más de $350 mil millones. Los resultados, que se ofrecieron para octubre de 2014, empezaron a entregarse a partir de marzo de 2016; y lo más grave…, ahí están, simplemente, sin pena ni gloria.

 

Al gobierno Santos le gustaban los censos, y además en época electoral. El de población, que inició en enero, estaba presupuestado en $300 mil millones y terminará costando más de $500 mil millones; pero ese no es problema en un país que puede gastar $280 mil millones en un plebiscito desechable y $40 mil millones más para satisfacer los egos de un partido político.

 

Los censos, tanto el agropecuario como el de población, no son apenas necesarios, son indispensables para dejar de contarnos “a ojo de buen cubero”, como el reloj del DANE. No se trata, entonces, de cuestionar su realización o menospreciar su valor estratégico.

 

De lo que se trata es de hacer un llamado a la transparencia y al rigor técnico; se trata de que sus modelos y cifras no estén en función de mejorar la realidad con intereses políticos, como en el caso de la llamada “pobreza multidimensional”, sino de mostrar la realidad cruda, para poder transformarla en beneficio del país.

 

Se trata de un buen “poscenso”; de que sus cifras no se queden “ahí, simplemente”, sino que se socialicen y sirvan para construir futuro. Al director Oviedo –cuando salga del “chicharrón” poblacional– y al ministro Valencia, les propongo rescatar el Censo Agropecuario y poner sus cifras sobre una mesa de trabajo intersectorial, para trazar conjuntamente una hoja de ruta para el campo…, una verdadera reforma rural integral.

 

@jflafaurie.