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"Ley 1712 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional".

Contra los empresarios

La investigación, que contó con el “generoso apoyo” de la multinacional filantrópica del especulador Soros, muestra su intencionalidad al reconocer que hace parte del proyecto “La responsabilidad corporativa por violaciones de derechos humanos (…): promoción de litigio estratégico y comisiones de la verdad”, en asocio con abogados argentinos y la Universidad de Oxford, que le endosa su prestigio. Su objetivo, entonces, es utilizar las CV para promover causas judiciales que califican de “estratégicas”, contra la empresa privada por su presunta participación en conflictos armados.
 
El subtítulo del documento colombiano -“El papel de la Comisión de la Verdad en la develación de la responsabilidad de empresas en el conflicto armado colombiano”- no deja dudas sobre esa intención de cacerías de brujas para diluir la responsabilidad de las Farc y del Estado mismo. Cada vez son más claros los dos grandes logros de las Farc, con el favor de Santos y la ayuda de ONG claramente sesgadas.
 
El primero, la “legitimación de la violencia narcoterrorista” como conflicto armado, que les permitió negociar como iguales con el Gobierno; y el segundo, la “socialización de la culpa”, materializada en la CV y en la joya de la corona para las Farc, la JEP, que les garantiza impunidad y convierte a toda la sociedad en corresponsable de sus crímenes.
 
Desde el Resumen Ejecutivo el documento muestra su sesgo y empieza juzgando, al acuñar su propia interpretación de la tal responsabilidad corporativa, calificándola de complicidad empresarialen la comisión de graves violaciones de derechos humanos”.
 
En el segundo capítulo -Los Empresarios en la Guerra- el informe llega al sesgo de siempre, al limitarse a las presuntas relaciones entre empresariado y paramilitarismo, confesando además que su fuente de información es una base de datos que “incluye 439 casos de complicidad empresarial mencionados en 35 sentencias de primera instancia con un corte al 2015 dictadas por los tribunales colombianos en el marco del proceso de Justicia y Paz”.
 
No hay derecho a que las versiones de unos paramilitares en busca de beneficios se utilicen para generalizar la “complicidad” del empresariado, atreviéndose a afirmar, además, que “La información judicial y académica existente demuestra que dicha complicidad no ha sido aislada”. No hay derecho a que, mientras la Fiscalía encuentra evidencias a diario, también se insista en cerrar los ojos ante el testaferrato fariano. ¿A eso llaman cuentas claras?
 
Sobra decir que la “investigación” refuerza el estigma del ganadero como victimario, porque en su limitada base de datos están los que cruzaron la línea de la legalidad, como lo hicieron comerciantes, agricultores e industriales, pero no los 500.000 ganaderos que todavía sufren la violencia rural. Dejusticia debería mirar siquiera los informes “Acabar con el Olvido”, de la Fundación Colombia Ganadera, el primero con 3.293 víctimas de secuestro y asesinato, y el segundo con cerca de 7.000 de todo tipo de delitos.
 
Ni hablar de las sugerencias. Para Dejusticia, la CV debería enfocarse en la “complicidad empresarial”, crear un grupo especializado y hasta meterse a la Fiscalía a revivir procesos.
El Consejo Gremial Nacional debe ponerse en alerta. Los ganaderos conocemos las consecuencias del injusto estigma de victimarios y paramilitares, pero la generalización de “complicidad” de todo el empresariado es una infamia. Advertí que la CV y la JEP podrían ser instrumentos para cacería de brujas y, lamentablemente, es un temor que persiste.
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