Uno de los principales dolores de cabeza del sector ganadero es la informalidad en el beneficio de semovientes. Ni el Decreto 1500 de 2007 que pretendía que las plantas de sacrificio del país se modernizaran en aras de que la carne resultante del proceso de beneficio y desposte cumpla en materia de inocuidad, cadena de frío y calidad, han podido combatir ese flagelo.

 

Al contrario, los constantes aplazamientos –8 en total– van en contravía de que los colombianos reciban en su mesa un trozo de proteína de mejor calidad, pues el cierre de plantas ha favorecido el faenado ilegal de animales en potreros, de paso le ha dado alas a delitos como el abigeato que se ha disparado en la mayoría del país. (Lea: Ganaderos de Yopal solicitan mayores controles en expendios de carne)

 

No obstante, el Tribunal de Cundinamarca le dio 30 días a la Policía y al Invima para que dichas entidades revelen los resultados que obtengan tras los controles e incautaciones que deben obtener producto de los operativos que permitan reducir el beneficio clandestino, la venta y distribución de carne que no cumple con lo establecido en materia sanitaria.

 

Dicha determinación fue adoptada tras la acción popular instaurada por la Asociación de Frigoríficos de Colombia, en la que le pedía a las entidades de control ejercer sus funciones y adelantar las acciones legales que durante meses, aparentemente, se obviaron con excusas de cada institución, de acuerdo a un informe revelado por Caracol Radio.