Se trata de una serie de observaciones al proyecto de resolución “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación”.

 

La primera de ellas señala la preocupación de crear nuevas instancias y asignar funciones a entes territoriales, Fuerza Pública, Policía e incluso a civiles, que desconocen las labores propias del Estado. (Lea: SAC insiste sobre inconveniencia de programa de tierras a exguerrilleros)

 

En esta medida, la propuesta de la SAC es realizar una evaluación a la “arquitectura institucional”, pues limita la autonomía de alcaldes y gobernadores, genera nuevas reglas y, más grave, desconoce el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que estableció que una norma de esta naturaleza es reserva de una ley estatutaria discutida por el Congreso.

 

De otro lado, la SAC señaló que las directrices a la Fuerza Pública deben venir del Ministerio de Defensa, por lo cual recomienda ajustar este protocolo a la normatividad que hoy la rige, en temas como el derecho a la manifestación pública, la propuesta pacífica y el enfoque preventivo.

 

Por ejemplo, sugirió eliminar términos como “licitud” de la protesta o el “principio de necesidad en el uso de la fuerza”, debido a que genera reglas de juego para la Fuerza Pública. (Lea: SAC manifiesta preocupación por poco tiempo para discutir Ley de Tierras)