Cabe recordar que allí es donde se plantea en su primer punto la reforma rural integral que aborda temas referidos al Fondo Nacional de Tierras, así como quiénes van a tener derecho a la titulación masiva y también da claridad jurídica para quienes hoy tienen propiedad legítimamente constituida.

En el acuerdo de La Habana se estableció que “una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo y en particular a las mujeres rurales y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su función social”.

Anunció que “a partir de hoy, todos los bienes en extinción de dominio de la SAE (Sociedad de Activos Especiales) pasarán a ser la base de una nueva economía productiva administrada por las organizaciones campesinas, por las cooperativas urbanas de jóvenes productivos, y por las asociaciones populares femeninas”. (Lea: Las “nuevas” FARC: el legado del acuerdo de La Habana)

Así mismo, en su discurso de posesión Petro anunció que va a seguir “a rajatabla” las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad que como se sabe también tuvo muchos cuestionamientos por su parcialidad.