Señalan, como parte del diagnóstico que elaboraron, que la población rural colombiana –que alcanza el 23 % de la población total del país– presenta preocupantes atrasos en todos los frentes importantes del desarrollo humano. (Lea: Víctimas de las Farc se adhieren a la campaña de Iván Duque)

 

Atraso que ha relegado al 65 % de dicha población rural, a vivir en condiciones de pobreza.

 

Destacan, como sus principales causas, el mal estado de la infraestructura –léase vías, baja cobertura educativa y de seguridad social, la baja cobertura de los servicios básicos en las viviendas (energía, agua y alcantarillado)–, así como los problemas propios que ha generado la violencia de los grupos al margen de la ley que han ocasionado atrasos de inversiones importantes de infraestructura, a la par de una creciente deforestación y florecimiento de la minería ilegal, todas estimuladas por los negocios ilícitos y la baja presencia del Estado.

 

También cuestionan el exceso de Estado, pues advierten del enjambre de instituciones que intervienen (ADR, ANT, ART, URT, UANAP, UPRA, etc.) y la consecuente atomización de planes y programas (PDTE, PART, Contratos Paz, POSPR, PDRET, ZOMAC, PNIS, ZIDRES, ZRC, etc.), ha generado duplicidad de funciones, dispersión de recursos y carencia de coordinación y articulación institucional.