Ya hemos señalado, en el anterior ABC, que el Gobierno impondrá dicho proyecto por medio de un decreto con fuerza de ley, por lo cual el Congreso no tendrá posibilidad alguna de debatirlo. (Lea: De un plumazo se borraría la protección a la propiedad en Colombia)

 

También se indicó, de acuerdo con lo que dice el Director de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, Miguel Samper, que no se cambiará nada del proyecto que vaya en contra de lo establecido por el Estado, es decir que a la gente se le llama para que oiga un cuento pero no se le escucha, no se tendrán en cuenta sus observaciones.

 

Ahora veamos quién tendrá tamaña responsabilidad de poner en marcha el ordenamiento social de la propiedad y de las tierras, e imponer ese juego de reglas que trae el proyecto.

 

 

Por el título se colige que son 2 tareas disímiles que responden a 2 grandes objetivos.

 

Uno, que se va a ordenar la propiedad con el objeto de contrarrestar la inequidad de su tenencia.

 

Matemáticamente se trata de darle bienes a quienes no los tienen (tierra, inmuebles u otros) y quitárselos a quienes tienen muchos: al Estado (baldíos, reservas forestales), y a los privados (incluyendo los bienes obtenidos ilícitamente ya sean de las Farc u de otros). (Columna: Asalto a la Propiedad Rural)