El funcionario explicó que hasta el momento, de los 1.600 mataderos que existían originalmente en el país, hoy quedan 559 autorizados que han implementado gradualmente la norma. (Lea: Invima busca ponerle freno definitivo a la venta de carne ilegal)

 

“Si nosotros queremos abocar todo este tema del estatus sanitario y todo el tema de las plantas de beneficio, para que no haya unos en la cama y otros en el suelo, vamos a necesitar una pequeña ayudita de la Nación”, aseguró Aldana.

 

De los 559, 231 corresponden al sacrificio de bovinos, 110 aves, 65 porcinos y el resto para diferentes propósitos. Asimismo, solo 45 están plenamente certificados en el decreto 1500, mientras que otros 441 cuentan con autorización provisional, otorgada bajo el decreto 1282 de 2016.

 

Con esta norma, a las plantas se les dio un plazo de 2 años (diferente para cada una) con el fin de que terminen de adecuar sus instalaciones y se ajusten a la normatividad del 1500. (Lea: 3 plantas más se certificaron en cumplir el decreto 1500 en septiembre)

 

“Las actividades de inspección, vigilancia y control son costosas. Nosotros pasamos de 156 médicos veterinarios a más de 300 y faltan. Vamos a pedirle al Gobierno que tenga cierta laxitud en algunos aportes de la Nación que nos permitan seguir avanzando en el tema sanitario”, anotó.