En días pasados, el exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde manifestó que la Ley de Tierras que viene promoviendo el Gobierno no solo afecta al sector primario de la economía, sino que puede generar otra clase de efectos en actividades ligadas a rubros como el minero-energético, y en general, a toda la sociedad. (Lea: “Ley de Tierras no solamente concierne al sector agrícola”: Lizarralde)

 

Para el abogado y economista, la ocupación y el uso de la tierra no deben reducirse únicamente al sector agropecuario, porque se dejan de lado a otros actores que la necesitan, como los constructores o las empresas mineras.

 

Cuestionó que haya políticos y líderes de opinión que desestiman el valor de la tierra, señalando que otros sectores aportan más al PIB. Según él, el petróleo ha sido el producto que más ha apalancado la economía del país en los últimos años y que tiene directa relación con el tema del uso de la tierra.

 

Sin embargo, Lizarralde no es el único que tiene dudas sobre la iniciativa gubernamental, la Asociación para la Defensa y la Dignidad Llanera, Dignillanos, en cabeza de uno de sus voceros Douglas López Chaquea, quien mostró su preocupación ante la desinformación absoluta en la que están los campesinos de la Orinoquía en relación con el tema del ordenamiento de la tierra rural. (Lea: Catastro multipropósito, un cheque en blanco)

 

Incluso lamentó que en la reunión de socialización que se llevó a cabo en Villavicencio en el mes de mayo, no hubiera estado presente ninguno de los senadores y representantes a la Cámara que tiene la altillanura, incumpliendo uno de sus deberes constitucionales.