Por eso, en la decisión se adoptaron medidas para proteger los derechos de los particulares que mediante tales procesos pretendieron la regularización y formalización de la propiedad rural.

Al mismo tiempo instó al Congreso de la República a fortalecer la Agencia Nacional de Tierras (ANT), implementar, asignar los recursos necesarios para su ejecución y realizar los ajustes normativos y presupuestales que se requieran para materializar la creación de la jurisdicción agraria; la consolidación del catastro multipropósito; la actualización del sistema de registro; el fondo de tierras para la reforma rural integral; y, el plan de formalización masiva de la propiedad rural.

Todo esto son componentes del Acuerdo sobre Reforma Rural Integral que forma parte del Acuerdo de La Habana firmado con las Farc y que desde el comienzo el gobierno de Gustavo Petro anunció que cumplirá.

Además, se exhortó para que adopten las medidas necesarias para fortalecer técnica y financieramente a la Superintendencia Notariado y Registro, a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para garantizar la atención en las zonas Pdet, en que se implemente el catastro multipropósito y en las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para adelantar el barrido predial integral. (Lea: Radican Proyecto de Ley para proteger a segundos ocupantes)

Estas medidas según el alto tribunal se deben tomar para “superar la inseguridad jurídica, la informalidad en el campo y la excesiva concentración de la propiedad rural, dentro del respeto del derecho de propiedad y las situaciones jurídicas consolidadas”.