Dicho Acuerdo se negoció durante varios meses y fue firmado el pasado 3 de febrero en Caracas, entre el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el Ministro colombiano.

El propósito, según el gobierno nacional, es “atraer inversiones para impulsar la industria complementaria de bienes y servicios, promoviendo el desarrollo sostenible, la diversificación productiva, la formación de cadenas de valor y la creación de empleo calificado, esto respetando los estándares laborales y las normas medioambientales”.

De acuerdo con el texto del proyecto, “el Acuerdo tiene por objeto establecer, mantener y consolidar un marco jurídico que facilite y promueva las inversiones directas transfronterizas realizadas por inversionistas de una parte, en el territorio de la otra parte, con la finalidad de promover el desarrollo armonioso, productivo y sostenible de ambos pueblos, en respeto a la soberanía y autodeterminación de cada una de las partes, de su ordenamiento jurídico nacional y del derecho internacional”.

También establece un trato igual entre nacionales venezolanos y colombianos, bajo la protección del estándar de trato nacional, guardando los equilibrios entre los potenciales inversionistas extranjeros y nacionales. (Lea: Aún no hay condiciones reales para hacer negocios con Venezuela, señalan expertos)

Se aplicará a las inversiones en el territorio de una parte, realizadas de conformidad con su ordenamiento jurídico nacional, por los inversionistas del otro país, ya sea antes o después de la entrada en vigor del Acuerdo.