Desde esa época hasta la fecha muchas cosas han cambiado y por eso se precisa una modernización de muchos de los aspectos allí contemplados y el gobierno ya trabaja en ello como se indicó durante un panel que se realizó en el 10 Congreso Internacional de la Industria Láctea de Asoleche.

Allí se señaló que hay una propuesta que se tiene de regulación que se da a partir de un estudio de análisis normativo del decreto 616 de 2006 y de una serie de consultas públicas que se han realizado. Se espera que esa nueva normatividad esté lista durante el primer semestre del próximo año.

Los pasos regulatorios que se han llevado a cabo en el último periodo con el objetivo de actualizar el decreto 616 de 2006 empezaron con la consulta pública que se realizó del 10 al 19 de junio del presente año.

De acuerdo con lo que explicó Jhon Jairo Bejarano, Presidente de la Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas, quien moderó el panel, en este árbol de problemas se tienen tres aspectos, primero el problema como tal que se define para analizar la norma y las modificaciones que son sustanciales frente a lo que se debe analizar en toda la cadena agroalimentaria; así mismo se estudiaron las causas y posteriormente las consecuencias. (Lea: Formalización, consumo, exportaciones y eficiencia, ejes del plan de la cadena láctea)

A partir de este documento oficial, el gobierno determinó como problema principal la inadecuada gestión del riesgo en las etapas de producción, almacenamiento, transporte, transformación y comercialización de la leche para consumo humano.

Causas y consecuencias

Dentro de las principales causas se mencionan la deficiencia en la asistencia técnica para el cumplimiento de las buenas prácticas; informalidad de la cadena láctea; desactualización de la normatividad sanitaria vigente; y, falta de articulación entre las autoridades a lo largo de la cadena.

Se mencionan como consecuencias más importantes la baja competitividad del sector lácteo; el engaño al consumidor por adulteración de productos; dificultad para el control de la inocuidad en la producción primaria; y, desconocimiento de la normatividad vigente por parte de los diversos actores de la cadena.