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Crisis de refugiados

La reunión de Santos en Cúcuta es típica de un gobierno que necesita generar efecto mediático, como las mil y una “cumbres de seguridad” para la foto, tras los mil y uno atentados terroristas. Como si nombrar una Junta Directiva con muchos ministros fuera la solución a los problemas, o nombrarle Gerente a todo para integrar los esfuerzos de un Estado, que deberían ser integrados por definición. Inevitablemente me viene a la memoria el fracaso de la Gerencia del Chocó. Ha sido también actitud típica de Santos, creer que tener sentada a la ONU en todas las mesas funciona como legitimador automático de sus erráticas decisiones.
 
Tarde se acuerda el Gobierno de la necesidad de controles efectivos de entrada y de la importancia del registro y seguimiento de esa información, cuando se estima –no hay cifras oficiales– que, entre repatriados y venezolanos, mucho más de un millón han llegado a Colombia para quedarse; mientras que se han expedido, sin control alguno, un millón y medio de Tarjetas de Movilidad Fronteriza y más de 100.000 Permisos Especiales de Permanencia.
 
El Gobierno se afanó en traer al Secretario General de la ONU para darle respaldo internacional a las negociaciones con el ELN, cuando lo urgente era haberlo invitado junto con una delegación de la ACNUR al más alto nivel para enfrentar la crisis. En la mesa de Cúcuta no debió estar el Coordinador Residente de la ONU bendiciendo las decisiones de Santos, sino el señor Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
 
Hoy no existe todavía un solo campamento de refugiados en la frontera, no solo para brindarles condiciones dignas de acogida –un asunto de solidaridad–, sino para garantizar los derechos de la ciudadanía a la seguridad, la salubridad y la preservación del espacio público.
 
Demasiado tarde, el Gobierno va a la frontera a anunciar el aumento de la fuerza pública para taponar los pasos fronterizos ilegales, los mismos por los que, durante años, permitió el contrabando de gasolina, de ganado y de armas, principales factores regionales de criminalidad.
 
El Gobierno parece olvidar que Norte de Santander es también el tercer departamento cocalero del país, con control territorial del ELN, disidencias de las Farc y bandas criminales desde la época de Megateo. Si quieren un ejemplo, es patética la declaración del ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, sobre el fracaso de la erradicación voluntaria en ese departamento “porque el Eln no deja”. Y en medio de ese entorno violento, los venezolanos están siendo reclutados y empiezan a aparecer como protagonistas en actos terroristas y delitos en todo el país.
 
El Gobierno olvida, finalmente, que la frontera ha sido corredor para la retaguardia de las Farc y del Eln en Venezuela. La última reacción oficial del gobierno colombiano por el amparo de Chávez y Maduro a esos narcoterroristas se produjo en julio de 2010, un mes antes de iniciarse la era Santos, con fotos y coordenadas presentadas por el embajador Hoyos ante la OEA. Desde entonces, silencio total.
 
La crisis anunciada de los refugiados requería acciones oportunas y coherentes del Gobierno, algo que no podemos esperar de uno más preocupado por hacer maletas y poner pies en polvorosa, camino a Londres, dejando al país envainado.
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