No hay lugar a dudas que la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, ha sido objeto de acusaciones injuriosas y afrentas motivadas por las posiciones de su presidente ejecutivo, José Félix Lafaurie, al acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Farc y otras políticas públicas controversiales de gobierno que está por terminar.

 

Ante los reparos justificados del dirigente a la forma como se realizó el pacto que incluyó una reforma rural sin convocar a todos los gremios del sector agropecuario, el Gobierno decidió quitarle el manejo del fondo parafiscal el 29 de diciembre de 2015.

 

El Ministerio asumió el manejo del FNG, que fue liquidado e implicó el despido de más de 340 funcionarios, algunos de los cuales llevaban 20 años en la entidad. (Lea: Ganaderos rechazan licitación como fórmula para adjudicar fondo parafiscal)

 

Estas retaliaciones estuvieron cobijadas con un “ropaje jurídico”, como lo describió Roberto Bruce Becerra, director jurídico de Fedegán, a propósito de disposiciones incluidas por el Gobierno Nacional (artículo 106) en la Ley 1437 de 2011, sobre la intervención temporal de las contribuciones parafiscales por parte del Ministerio de Agricultura, o el Decreto 2537 del 29 de diciembre de 2015, que fue expedido solamente con el claro propósito de arrebatarle el FNG al gremio ganadero, que era el legitimado por la Ley 89 de 1993 para recaudar, administrar e invertir las cuotas de fomento ganadero y lechero.
 

Sobre el artículo 106, el experto contó que fue demandado por inconstitucionalidad a través de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, porque dicha norma otorgaba "facultades omnímodas y arbitrarias al Ministerio de Agricultura para intervenir en la administración de los recursos parafiscales del sector agropecuario”.